Revista Digital Semanal

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Sector privado sin personalidad jurídica

El crecimiento de los trabajos particulares en la mayor de las Antillas alberga esperanzas en sus dueños acerca del reconocimiento legal a la propiedad.

Valentín Rodríguez, Corresponsal Archivo En Economía Aug. 22, 2016

El trabajo por cuenta propia en Cuba experimentó un crecimiento  que sobrepaso las expectativas de las autoridades gubernamentales cuando lo autorizaron y que en estos momento tiene nuevas metas, desafíos y pide una legislación acorde a los tiempos por lo que atraviesa el sector privado..

 

Surgido como una medida de salvación ante el reordenamiento del gigantesco aparato de la administración central y las posibilidades de poner en la calle a más de millón y medio de trabajadores, fue una compensación ante la inminencia de la medida que acabo por reducirse. Ha sido en estos años lo que muchos funcionarios públicos han dicho “un mal necesario”.

 

Al cierre de 2015, medio millón de cubanos ejercían algunas de las 201 actividades autorizadas por la Resolución número 42 de septiembre de 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). De ese total, 325 000 radicaban en La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Las restantes 175 000 licencias se distribuían en las otras nueve provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

 

El mayor número de patentes era para los dueños de pequeños restaurantes, cafeterías y pizzerías, con 56 270 individuos. Es en La Habana donde hay mayor número de establecimientos de este tipo (400), seguida por los polos turísticos de Trinidad y Viñales, donde en conjunto funcionan más de 100 restaurantes privados.

 

Pese a la existencia innegable de su posicionamiento, y que nacieron para oxigenar la sociedad, son estos negocios privados objetos de un asedio constante de inspectores de diversa naturaleza que buscan siempre obtener algún beneficio de sus visitas.

 

En la Conceptualización del Modelo Económico, documento aprobado en el VII Congreso del Partido Comunista (PCC) y que es sometido a discusión hasta finales de septiembre, en el capítulo D, en su acápite 173, se reconoce que “la propiedad privada que cumple una función social, cuyos titulares son personas naturales y jurídicas”.

 

Pero el acápite 176 señala que “el ejercicio de los derechos de propiedad se enmarca en normas que regulan los límites de la concentración de la propiedad y la riqueza”. Esa es la principal limitación para el despliegue de la pequeña y mediana empresa privada en Cuba. Por eso en el acápite 177 se advierte que “los actores económicos privados son un elemento complementario, por tanto no están en la prioridades de desarrollo económico del país”.  

 

 

Existen todas las condiciones para que el Estado cubano modifique el cuerpo legal vigente en  lo referido al ejercicio de la propiedad privada en Cuba, dado que los dueños de los diferentes emprendimientos presentes en la actividad turística, son persona naturales y no jurídicas, lo que significa una incongruencia negar la real existencia de la propiedad privada. El Estado cubano conoce que su negativa a otorgarle personalidad jurídica a los dueños de los pequeños negocios es una violación flagrante del derecho mercantil, sin embargo el camino para aceptarlo es lento.