Revista Digital Semanal

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Enfrentando al narcotráfico y al terrorismo

Los nuevos retos de las autoridades cubanas para enfrentar el negocio ilegal de los estupefacientes y las constantes operaciones de sabotaje financiadas desde el exterior, en un país que recibe a millones de turistas y visitantes de los cinco continentes.

José Manuel Correa En Política July 1, 2016

Por Sonia Sánchez/ El personal de la Aduana General de la República de Cuba (AGR) ajusta sus medidas de seguridad para hacer frente a la avalancha de visitantes que llegan a una Isla que se ha abierto al mundo. La tarea es ardua pero el ojo avizor y el dominio de las nuevas tecnologías en cuanto a seguridad ha descubierto en lo que va de año poco más de 800 infracciones.

 

Baste como ejemplo la entrada de dispositivos, equipos satelitales y propaganda contrarrevolucionaria, radios, celulares, discos DVD, entre otros, dirigidos a los pequeños grupos disidentes, además de armas de fuego, municiones, y otros módulos que apuntan contra la integridad y seguridad nacional, según dijo en La Habana Moraima Rodríguez Nuviola, funcionaría de la Aduana.

 

Detrás de la apacibles —y sugestivas— atracciones de la mayor Isla del Caribe y su capital, declarada recientemente como una de las siete ciudades Maravillas del Mundo por la fundación suiza New 7 Wonders, de las estupendas playas y los viejos autos estadounidenses, se registran diferentes operaciones terroristas que busca penetrar fronteras.

 

Datos del Ministerio de Turismo de Cuba indican que el país recibió hasta el 13 de junio último dos millones de visitantes. Esta cifra constituye un acontecimiento significativo en comparación con el 2015, lo que evidencia el posicionamiento alcanzado por Cuba en el escenario turístico mundial. Con un ritmo de 11,9 por ciento de crecimiento, los visitantes provienen de Canadá, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, España, México y Argentina.

 

Pero en lo que respecta al consumo de estupefacientes, la Isla no escapa de este flagelo. Por esta razón la funcionaria de la aduana también adelantó que fueron detectados 41 casos de drogas, de estos 31 destinados al consumo y 10 al tráfico, todos frustrados por las fuerzas aéreas y aseguró que los traficantes recurren a complejos diversos modos de operar, entre ellos al empleo de las llamadas “mulas”.

 

Rodríguez Nuviola confirmó que Cuba cuenta con efectivas técnicas de detección radiológicas, por las que pasan todos los equipajes de los pasajeros y el 100 por ciento de las exportaciones, en tanto que las importaciones se controlan de manera selectiva y mencionó también el uso de técnica canina y sistemas de vigilancia y protección.

 

Asimismo la especialista se refirió a la arquitectura de seguridad física nuclear en frontera en el país, que permite detectar sustancias radiactivas tanto en ferrocarriles, como cargas aéreas y contenedores. Trascendió también la lucha de la Aduana contra el lavado de activos y el contrabando de mercancías diversas, desde y hacia el territorio nacional, como es el caso, entre otras, de la extracción de medicamentos, de instrumental quirúrgico, de especies de la flora y la fauna, de tabaco, y violaciones de derechos de propiedad intelectual.

 

Recientemente en el programa de televisión “Mesa Redonda” el jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint) coronel Juan Carlos Poey, aseguró que nunca se permitirá que el territorio cubano sea tomado como tránsito o almacén de estupefacientes.

 

Poey indicó que la principal tarea que involucra a las fuerzas del orden va encaminada a evitar que la droga impacte en la estructura del país, que surjan organizaciones criminales internas y que similares internacionales se instalen en el territorio cubano.

 

El funcionario del Minint, relató que entre las drogas incautadas hay marihuana, psicotrópicos, medicamentos controlados y, en menor medida, la cocaína, el crack y el hachís. Por último mencionó que en el año pasado se confiscaron de manera general en todo el país 1.266 kilogramos de drogas y se pusieron a disposición de la justicia a 1.363 personas (44 extranjeras) que fueron sancionadas de acuerdo con la política jurídica penal aprobada.